La UEFA considera que el caso Negreira presenta características de “corrupción deportiva”, pero no adoptará una decisión definitiva hasta conocer el pronunciamiento de la Justicia española. Así lo asegura Tomás González-Martín en una información publicada este viernes en El Debate, basada en las explicaciones de un representante del organismo europeo.
Conviene precisar algo fundamental: no estamos ante una sentencia ni ante una declaración institucional de culpabilidad contra el FC Barcelona. La valoración procede de una fuente de la UEFA citada por el periodista. Sin embargo, la contundencia de sus palabras refleja la enorme gravedad con la que se contempla en determinados despachos europeos un asunto que en España lleva demasiado tiempo avanzando con una lentitud desesperante.
Tomás González-Martín, además de ser uno de los periodistas que más profundamente ha seguido el caso, es colaborador habitual de Doctor Jota en YouTube. Su información permite conocer la posición que existiría dentro del máximo organismo del fútbol europeo: el expediente no está olvidado, pero su desenlace dependerá inicialmente de lo que establezcan los tribunales españoles.
La UEFA puede actuar, pero ha decidido esperar
Según explica González-Martín, la UEFA posee capacidad para investigar y sancionar de manera independiente. No necesita necesariamente que una federación nacional o un tribunal penal dicte previamente una resolución. Sin embargo, experiencias anteriores habrían llevado al organismo europeo a actuar con prudencia.
Una fuente citada por El Debate sostiene que “el caso del Barcelona y Negreira es un caso claro de corrupción deportiva”, aunque añade que la UEFA no intervendrá definitivamente mientras no exista una sentencia en España.
Eso no significa que el FC Barcelona haya sido declarado culpable. Significa que los hechos conocidos —los pagos realizados durante años a sociedades vinculadas con José María Enríquez Negreira mientras este ocupaba la vicepresidencia del Comité Técnico de Árbitros— son considerados suficientemente graves como para mantener viva una investigación europea.
Y eso es precisamente lo mínimo que cabía exigir.
Alegrarse de que el asunto sea investigado no equivale a celebrar una futura condena. No se trata de desear que castiguen al Barcelona porque sí, sino de reclamar que se esclarezca hasta el último detalle de una relación económica absolutamente anómala entre un club y una persona situada en la cúpula arbitral.
El inquietante silencio de las instituciones españolas
La información también señala directamente a las autoridades deportivas españolas. Ni la Real Federación Española de Fútbol, ni el Comité Técnico de Árbitros ni el Consejo Superior de Deportes habrían impulsado una investigación deportiva de la profundidad que exigía el caso.
LaLiga se personó como acusación particular, pero tampoco promovió un procedimiento deportivo propio. Mientras otros países han actuado ante sospechas que afectaban a la limpieza de sus competiciones, en España la responsabilidad ha terminado recayendo casi exclusivamente en la Justicia ordinaria.
Ese es, probablemente, uno de los aspectos más indignantes de todo el caso. No puede considerarse normal que unas instituciones cuya obligación es proteger la integridad del fútbol se limiten a observar mientras los tribunales intentan reconstruir lo sucedido.
Investigar para defender la competición
La UEFA ha recibido también abundante documentación remitida por el Real Madrid, que reclama que el procedimiento avance y que se depuren responsabilidades si finalmente se acredita alguna infracción. El expediente europeo, abierto desde 2023, nunca llegó a cerrarse.
Ahora bien, la presunción de inocencia debe respetarse. Investigar no es condenar, pero negarse a investigar sí habría supuesto renunciar a conocer la verdad.
Si el Barcelona demuestra que los pagos respondían exclusivamente a servicios legítimos y que no existió intención de influir en el sistema arbitral, deberá quedar establecido con todas las garantías. Si se demuestra lo contrario, las consecuencias tendrán que estar a la altura de la gravedad de los hechos.
Lo verdaderamente inaceptable sería que todo terminara diluyéndose por presiones, silencios institucionales o cálculos políticos. La credibilidad del fútbol español no se defiende ocultando las preguntas incómodas, sino respondiéndolas.
Que la UEFA mantenga abierto el caso es una buena noticia para quien quiera conocer la verdad. Después llegará el momento de determinar responsabilidades. Antes, por fin, alguien debe investigar hasta el final.
